Como respuesta a la decisión del gobierno sudanés de derogar las leyes de orden público, que regulaban, entre otras cosas, la presencia de las mujeres en los espacios públicos, Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha declarado:
“Es un gran paso adelante para los derechos de las mujeres en Sudán. Las leyes de orden público deberían haberse derogado hace mucho. Muchas mujeres fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas y privadas de su derecho a la libertad de asociación y de expresión en virtud de esta legislación discriminatoria”.
“El gobierno de transición debe ahora garantizar la abolición de todo el opresivo régimen de orden público. Esto incluye derogar los artículos que dictan el código de vestimenta de las mujeres y que se mantienen en la legislación penal, disolver la policía de orden público y los tribunales especiales sobre este tema, y abolir la flagelación como forma de castigo.”
Las autoridades deben reformar la Ley Penal de 1991, especialmente los artículos 77 y 78, que regulan el consumo y el comercio de alcohol, y los artículos del 145 al 158, que regulan la denominada “moralidad”, incluidos el sexo consentido, el código de vestimenta y otros temas sobre la conducta de las personas en espacios privados.
Las leyes de orden público derogadas otorgaban a la policía de orden público amplios poderes para detener a cualquier persona, y en particular a las mujeres que bailaban en fiestas, vendían en las calles o mendigaban.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán que vaya más allá y ratifique importantes instrumentos relativos a los derechos de las mujeres, como el Protocolo de Maputo, relativo a los derechos de la mujer en África, y la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
