Ana Amancai Piquer es la la Directora para las Américas de Amnistía Internacional. Con ella hablamos de la polarización del continente entre gobiernos que apuestan porque los derechos humanos sean una realidad y los que ponen en marcha políticas que los deslegitiman.
Analizamos el riesgo que existe para los avances conseguidos por colectivos, por mujeres, por poblaciones indígenas, por personas LGBTI, por migrantes. Pero destacamos como, pese a todo, sigue habiendo resistencia para que no se retroceda ni un solo paso.
¿Cuáles son las tendencias en derechos humanos en el continente americano?
No es un panorama muy alentador el que tenemos. Estamos viendo tendencias a peor, sobre todo con las disidencias, con las personas que se oponen a las medidas que está adoptando el gobierno, con las personas que defienden los derechos humanos, la tierra, el territorio, el medio ambiente. Estamos viendo gobiernos que están tomando medidas que limitan la posibilidad de que la sociedad civil manifieste opiniones diferentes. Tenemos situaciones quizá extremas como Cuba, Nicaragua, o Venezuela; pero también vamos viendo tendencias en esa dirección en países como El Salvador. Y también con procesos electorales preocupantes como en Argentina, con Milei, o con lo que podría pasar en las elecciones en Estados Unidos, que podría apuntar en la misma dirección.
¿Qué avances podríamos destacar?
Siempre hay. Estoy pensando en temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos. En Honduras se levantó la prohibición de la pastilla del día después. En México hubo una decisión judicial que señala que la prohibición del aborto es inconstitucional. De hecho, también en México el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal en 32 estados. Y hay también países donde uno puede decir que hay alguna señal de esperanza en que las cosas vayan en una dirección diferente, como con las recientes elecciones en Guatemala que pòdrían revertir el proceso de criminalización de, por ejemplo, los operadores de justicia. En Colombia, ha habido cambios normativos que incluyen recomendaciones que Amnistía Internacional ha hecho desde hace tiempo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, aunque todavía no hemos visto que se traduzca en una diferencia en su vida cotidiana. Son luces que pueden ir en la dirección correcta, que es importante también no perder de vista.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante una rueda de prensa en El Salvador. © Amnistía Internacional
¿Qué retos tiene Amnistía Internacional en un escenario en el que aparecen nuevos gobiernos que podrían estar más cerca del respeto de los derechos humanos, y el resurgir y consolidación de gobiernos que cuestionan la legitimidad de los mismos?
La elección de Gustavo Petro en Colombia, la de Gabriel Boric en Chile, la de Bernardo Arévalo en Guatemala podrían indicar que habrá una mayor convicción en la defensa de los derechos humanos. Pero también hemos visto lo contrario. Cada vez hay un mayor escenario de polarización, con la idea de que estás con ellos o con nosotros, y si no estás con nosotros, eres el enemigo. Aunque en sí mismo esto no es un tema de derechos humanos, tiene impacto en ellos. En definitiva estamos hablando de cómo se protege el derecho a la libertad de expresión, cómo se protege el derecho a asociación, cómo se protege la posibilidad de participar en esta discusión política de una manera segura en la que los derechos humanos sean el piso. La discusión no debe estar en si los derechos humanos sirven o no, sino en cómo lo hacemos, y este es el desafío al que se enfrenta Amnistía Internacional, al cómo creamos esa convicción colectiva de toda la población de que los derechos humanos son algo que realmente nos protege a todas las personas, que realmente son algo útil, que tienen que estar dentro de cualquier propuesta política, porque en definitiva son lo que nos da unas garantías mínimas para que nuestras libertades básicas estén garantizadas.
Vamos a ir repasando algunos de los temas en los que Amnistía Internacional ha trabajado últimamente en el continente. En los últimos tiempos, hemos visto una brutal represión en manifestaciones en países como Venezuela, Colombia, Perú o Ecuador. ¿El derecho a la protesta está en riesgo en el continente?
Lamentablemente, mucho. En los últimos cuatro o cinco años vamos viendo que la represión de las protestas se hace con uso excesivo de la fuerza y conlleva violaciones de derechos humanos. En Brasil vimos matanzas en varios estados durante operaciones policiales. Hay un desafío en términos de cómo se tiene que ver la protesta no como un incidente de orden público, sino como personas ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Hay que separar lo que es la protesta pacífica de eventuales situaciones de violencia que puedan darse en el contexto de la protesta, porque en definitiva, lo que se termina reprimiendo es la protesta pacífica. Lo hemos visto en países desde Estados Unidos, a Chile, más recientemente en Perú, donde hicimos un análisis en el que mostramos que la represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, coincidía con los lugares de Perú en los que había mayor población indígena. Lo que muestra un sesgo racial, pero también lo vemos en protestas feministas, en protestas de quienes defienden la tierra, el medio ambiente. Y esto, lamentablemente es un punto de preocupación.
Ana Piquer,directora para las Américas de Amnistía Internacional, conoce a fondo la situación de los derechos humanos en el continente americano. © Amnistía Internacional
Hablabas al principio del riesgo de opinar diferente, del hostigamiento o persecución, por ejemplo, a medios de comunicación en países como Nicaragua, a operadores de la justicia como en Guatemala, los asesinatos a periodistas en México. ¿Opinar es perjudicial para la salud?
Sí, lamentablemente en muchos países lo es. Aunque tiene diferentes formas en diferentes países, también empiezan a encontrar similitudes en las medidas que algunos gobiernos más represores empiezan a adoptar. En Nicaragua, se hizo una persecución abierta, se cerró la personalidad jurídica de miles de organizaciones, e incluso se les quitó la nacionalidad. En Venezuela, se está discutiendo una nueva ley para las ONG, que pondría nuevos requisitos a las organizaciones locales, y que podría ser similar a la nicaragüense. Hay muchas formas de hacer esto, desde el cierre de las organizaciones, la criminalización de las mismas, imputándole delitos con escasas pruebas. El hostigamiento a periodistas también es un tema crítico en la zona, acabamos de lanzar una investigación, que hicimos junto al Comité de Protección de los Periodistas, sobre amenazas de muerte y asesinatos de periodistas en México, periodistas que estaban incluso bajo mecanismos de protección puestos en marcha por el mismo gobierno mexicano, y que aún así, el mecanismo no tuvo la capacidad de proteger su vida. Esto forma parte del proceso de represión y de estigmatización que muchos gobiernos hacen públicamente de las personas que protestan o critican. Es un proceso gradual, que empieza con la estigmatización y termina con el asesinato. Y no solo afecta a estas personas, sino también a sus familias.
La violencia es una constante en el continente, que está teniendo también consecuencias políticas en países como El Salvador donde se están impulsando medidas contrarias a los derechos humanos para acabar con las maras. ¿Hay riesgo de que se contagien este tipo de medidas políticas en otros países?
Sí que hay un riesgo. El llamado modelo Bukele muestra que es un modelo muy exitoso para controlar el crimen organizado, las cifras públicas muestran que disminuyen los asesinatos. Y hemos visto que en Ecuador, con la crisis violenta que están viviendo, empieza a mirar a El Salvador, como eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero lo hemos visto también en países como Chile, que no está viviendo una crisis violenta de esas características, y que también lo ven como modelo. Sin embargo, lo que no se pone sobre la mesa es que el modelo Bukele pasa por cometer graves violaciones de derechos humanos. Se están encarcelando a cientos de personas en condiciones inhumanas. También hemos documentado tortura dentro de las cárceles, y casos de personas que han estado presas sin haber cometido absolutamente ningún delito. Eso se ha visto como daño colateral, pero en definitiva son personas que han estado presas injustamente y que no han recibido ningún tipo de reparación. Además, el gobierno de Bukele ha ido tomando medidas para hacer básicamente lo que quiere, incluido ir eliminando a la oposición o perseguir a las organizaciones de la sociedad civil críticas con las medidas que está adoptando. No se puede tener un modelo exitoso si ese modelo pasa por violar masivamente derechos humanos, amparándose en el régimen de excepción. Hay una mirada sobre que todo podrá terminar cuando acabe este régimen de excepción, pero el gobierno de Bukele ha ido impulsando una serie de modificaciones legales permanentes que se mantendrán cuando se acabe la excepcionalidad. Y, en definitiva, lo que se está haciendo es reemplazar la violencia de las pandillas por violencia estatal, donde las personas más afectadas son siempre las mismas, las que están en situación de mayor vulnerabilidad, y que además eran también las más afectadas por la violencia de las pandillas.
Dentro del hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, uno de los colectivos que se lleva la palma es el de personas que defienden la tierra o el medioambiente. ¿Qué particularidad tiene este colectivo, y por qué hay tanta impunidad ante esta situación de amenazas y asesinatos?
Las Américas tienen desde hace años el récord de ser la región más letal para defender la tierra y el medio ambiente. Pero en este caso, tiene que ver con que se están enfrentando no solo a los Estados, sino también a intereses económicos y empresariales. Y muchas veces, como ocurre por ejemplo en Colombia, eso se cruza con intereses de crimen organizado. Son muchos frentes, muy poderosos y no necesariamente el Estado tiene la capacidad de controlar el poder que tienen esas empresas o el crimen organizado, o de investigar adecuadamente quiénes son las personas responsables, de abordar la impunidad, o de tomar medidas efectivas. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando este tema, por ser uno de los países donde se asesinan más personas defensoras de derechos humanos. Planteamos la necesidad de que se apliquen medidas de protección colectiva, en el sentido de que no se trata solamente de proteger a la persona que fue amenazada, sino también de abordar las causas de por qué está siendo amenazada, además de y qué tipo de protección se le puede dar en ese contexto. Pero no necesariamente eso se traduce en que disminuyan los asesinatos o que realmente las personas estén más protegidas. En México, siguen estando bajo amenazas, se les criminaliza.
La prohibición del aborto en Estados Unidos, el anuncio de Milei de que prohibirá el derecho al aborto en Argentina. ¿Nos enfrentamos a una oleada de retrocesos para los derechos de las mujeres?
El haber dejado sin efecto el derecho al aborto en Estados Unidos generó un nuevo empuje para este retroceso. Hemos visto muy claramente en la región que se empieza a poner sobre la mesa la necesidad de retroceder, lo que nos demuestra que nunca los derechos están ganados. Y menos los derechos de las mujeres. Pero no solo en el tema del aborto, recientemente hubo una conferencia conservadora en Estados Unidos, donde participaron Trump, Bukele y Milei. Y después tanto Bukele como Milei anunciaron medidas para eliminar el lenguaje de género en diferentes contextos y en comunicaciones gubernamentales. Entonces uno va viendo que también hay un efecto de contagio en gobiernos con prácticas más autoritarias y con discursos antiderechos más instalados. Ahí nos toca seguir resistiendo como lo hemos hecho históricamente las mujeres.
Ana Piquer,directora para las Américas de Amnistía Internacional durante una rueda de prensa. © Amnistía Internacional
También en el caso de los derechos LGBTI alcanzados, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay personas que están cambiando de estado por la presión que están recibiendo por pertenecer a este colectivo. ¿Cómo nos enfrentamos a esto?
Sí, estamos hablando de legislación que prohíbe siquiera hablar de que existan personas LGBTI en un colegio, es negar su existencia y ya eso es un nivel de deshumanización brutal. El trabajo que hemos hecho en las Américas desde Amnistía Internacional es más a largo plazo. Es trabajar con colectivos de personas jóvenes LGBTI para apoyarles en su propio activismo, que lo puedan hacer de una manera segura. Estamos trabajando un proyecto, no específicamente en Estados Unidos, que se llama DiversXs, en la que trabajamos con colectivos LGBTI de varios países de la región, con un enfoque más educativo, de formación y de empatía con los colectivos para ir creando conciencia y evitar esa deshumanización. Porque tenemos que tener en cuenta también que es una región donde, por ejemplo, en Brasil, el nivel de asesinatos de personas trans es aterradora. Y cuando este tipo de discusiones aparecen, los riesgos aumentan.
Hablamos ahora de la población migrante de Centroamérica, que atraviesa México e intenta llegar a Estados Unidos. ¿Ha mejorado su situación desde que Biden está en el poder?
No. Las políticas que ha tomado Estados Unidos bajo el gobierno de Biden en términos de migrantes, han seguido el esquema de la zanahoria y el palo. Por un lado, se han creado programas de protección temporal para personas de algunas nacionalidades que huyen de países en situaciones críticas como Venezuela o Nicaragua. Pero por otro, se han adoptado medidas de control de frontera, como el Título 42, que se utiliza como una especie de argumento de salud pública para impedir el ingreso. No ha mejorado la situación de frontera, y ahí hay una responsabilidad fuerte del gobierno de Biden, que lo que ha hecho es impedir cada vez más la posibilidad de que las personas soliciten asilo en Estados Unidos. Y estamos hablando de países como Venezuela, como Nicaragua, como Haití, que son personas que están huyendo de situaciones críticas en sus países de origen. Y eso también, por supuesto, ha generado una problemática importante en la frontera entre Estados Unidos y México, porque a las personas que quedan en México tampoco se les han garantizado condiciones adecuadas.
En esta situación tan complicada del continente, ¿qué podemos destacar como positivo?
A mí lo que siempre me da esa vibra positiva necesaria es ver cómo en todos los países hay personas, colectivos, movimientos, organizaciones, pueblos indígenas, que están activamente resistiendo, que están activamente defendiendo los derechos humanos. Haciéndolo como pueden, a veces sin recursos, solo con voluntad y necesidad; y pese a eso, resisten. De hecho, lo que hemos tratado de hacer desde la Oficina Regional de Amnistía Internacional es estar ahí para ellos, no decirles lo que tienen que hacer, sino aprender de esa resistencia, de esa fuerza, y apoyarles para amplificarla para que se vea en todo el mundo. Pero la verdad, es que hay una gran resistencia en toda la región, y hay personas que no pierden la convicción en los derechos humanos y que están dispuestas a sacrificar mucho por defenderlos.
